La Suprema Corte bonaerense dictó una resolución que busca evitar «el uso inadecuado de la prisión preventiva» y promueve el traslado de detenidos a unidades federales o de otras provincias. La medida surge en medio de una huelga de hambre en cárceles y busca paliar el hacinamiento en los penales.
Un día después de la asunción de Axel Kicillof como gobernador, la Corte sacó hoy una resolución que propone medidas ante «la preocupante situación de las personas privadas de la libertad alojadas en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense».
En los últimos días unos 9.000 internos -entre ellos de las unidades 13, 16 y 49 de nuestra ciudad- iniciaron una huelga de hambre para protestar por las condiciones de detención y pedir por morigeraciones de penas. En este punto, exigieron la derogación de la «ley Blumberg», la restauración del sistema 2×1 (que contabilizaba por dos los días de prisión sin sentencia firme) y la no aprobación del nuevo Código Penal.
Ayer, en el marco de su asunción, Kicillof expresó su preocupación por la problemática y señaló que «hay 49 mil internos, hombres y mujeres privados de su libertad» para «24 mil plazas». «Hay una sobrepoblación notoria», indicó.
Hoy, a través de la resolución 3341-19, la Corte se expresó en la misma sintonía. En un comunicado, señaló que dispuso «adoptar una serie de medidas frente a la preocupante situación de las personas privadas de la libertad alojadas en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense».
El Tribunal consideró que la problemática se ve agravada por «la elevada tasa de detenidos, el uso inadecuado de la prisión preventiva, las modificaciones en el Código Penal y las leyes procesales y las dificultades en el régimen de progresividad de ejecución de la pena».
En esta línea, recordó a los jueces sobre la «absoluta prohibición de alojamiento de menores, personas enfermas y mujeres embarazadas en dependencias policiales, requiriendo al Poder Ejecutivo, a través del área pertinente, que arbitre lo necesario para el cumplimiento de esta previsión».
Asimismo, entre otras definiciones, la Corte reiteró sobre la importancia del «uso racional de la prisión preventiva» y propuso promover «el alojamiento de los detenidos en Unidades Penitenciarias federales o de otras provincias» para presos que no tienen visitas o que el traslado les significaría un acercamiento familiar.
La resolución dice también que corresponde «dar respuesta prioritaria a la problemática del alojamiento de detenidos en comisarías clausuradas, con cierre o inhabilitadas al efecto, exhortándose al Poder Ejecutivo a que arbitre los medios necesarios para la urgente subsanación de este estado de cosas».
Además, el máximo tribunal bonaerense le pide a la Legislatura por la creación del «Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura» y llama al Ejecutivo a «constituir una mesa del diálogo integrada con los organismos estatales competentes, organizaciones no gubernamentales dedicados a la protección de los derechos humanos y demás entidades o personalidades que se estime pertinente para un abordaje integral de la problemática».
La resolución va en consonancia con el fallo «Verbitsky, Horacio s/habeas corpus» del año 2005 en el que la Corte Suprema de la Nación le reconoció al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) legitimación para interponer un habeas corpus colectivo a favor de personas detenidas en comisarías bonaerenses y pidió al máximo Tribunal provincial que se hiciera responsable de la problemática.
