El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, citó a indagatoria al intendente de Pinamar Martín Yeza en la causa en la que investiga el robo de “Tarjetas Alimentar” de la sede de la municipalidad.
Yeza fue citado para ser interrogado como imputado este jueves a las 12. 30.
Hasta el momento, el caso de las “Tarjeta Alimentar” en Pinamar había apuntado contra los ladrones de las tarjetas -la secretaria de una funcionaria- y los que aparecían cobrado los beneficios. Sin embargo, ahora, el juez Bava activó una segunda parte de esa investigación en búsqueda de responsabilidades políticas en esa presunta malversación de fondos del Estado.
A fines de julio, el Banco Provincia había intimado a Martín Yeza para que devolviera 2.050.990 pesos, por el escándalo generado con esas tarjetas Alimentar. En ese momento, Yeza insistió en que Ponce ya había sido desplazada de su cargo, aludió a ese reclamo de dinero y afirmó: “estamos a disposición de la justicia, como siempre”.
Hace unos días, el juez procesó a dos funcionarios de Pinamar por presunta negligencia o imprudencia frente a ese robo que provocó una defraudación de dos millones de pesos. Una de las procesadas era la denunciante de la causa. Y ahora citó a indagatoria al intendente Yeza para que dé explicaciones sobre por qué no habría dictado medidas en el marco de su cargo frente a este causa.
La denuncia por fraude
En marzo de este año la ex secretaria de Desarrollo Social, Nora Ponce, presentó una denuncia por presuntas irregularidades en el reparto de esta asistencia social oficial. Y hubo allanamientos y detenciones. ¿Por qué? Porque se corroboró que se habían robado tarjetas y se las habían dado a comerciantes amigos para “vaciarlas”.
El eje de la acusación era Andrea Ríos, de 52 años, la secretaria de Nora Ponce que -afirmó la acusación- se apoderó de al menos 55 tarjetas del programa «Alimentar» del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Cuando le tocó declarar, Ríos rechazó los cargos. Afirmó que “nunca tuvo en su poder las tarjetas, que nunca las sacó de la oficina, que la tarjetas las manejaba directamente ‘su jefa’, la Sra Nora Ponce, quien las tenía en una caja que ella (Ponce) llevaba y traía permanentemente”. Ríos esquivó las imputaciones diciendo que en un momento dado “la caja con las tarjetas (que tenía Ponce) quedaron debajo de la escalera ‘a disposición de cualquiera’”.
La justicia también procesó a José “Pepito” Fons, marido de Ríos, a Nicolás Ambao, Carlos Fabian Rosas, y Diego Borea, de 40 , que trabajaba como sereno en una empresa de logística, fueron claves a la hora de usar las tarjetas “falsamente” en comercios a “través de múltiples operaciones”. Vía “Naranja pos” registraron un gasto de $ 592.000 y en “Terminal Posnet” se apropiaron de de $1.500.000. Todo fueron acusados por defraudación en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita.
Pero cuando la causa parecía encaminarse hacia juicio oral, el juez Bava activó la indagatoria de Javier Simón Tumas y Nora Analía Ponce, acusados de haber llevado adelante actos que, por acción o negligencia, permitió que ese grupo de personas se apoderara de dinero del Estado.
Según el fallo, Bava aseguró que que como Secretario de la Secretaría de Desarrollo Social y Deportes de la Municipalidad de Pinamar Tumas “omitió realizar los deberes propio de su cargo y omitió controlar adecuadamente a un dependiente que estaba bajo su órbita jerárquica (Nora Ponce) quien tenía a su cargo la ejecución, implementación y entrega de los plásticos de débito del programa Tarjetas Alimentar a sus beneficiarios”.
En el documento se añade que Ponce, mientras se desempeño como Directora de la Dirección de Gestión y Control Territorial dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Deportes de la Municipalidad de Pinamar (diciembre 2019/febrero 2021) deliberadamente omitió realizar los deberes propio de su cargo y deliberadamente omitió custodiar las “Tarjetas Alimentar” del programa “Programa Alimentar” relativas al Plan Nacional “Argentina Contra el Hambre” que debía entregar a sus beneficiarios, permitiendo que terceras personas (entre ellas Andrea Ríos) sustrajeran los efectos y caudales cuya administración y custodia estaban confiadas en función de su cargo”.
En noviembre una persona se presentó a reclamar su tarjeta y a raíz de eso constató que varias de las tarjetas que estaban para entregar tenían “irregularidades”: registraban consumos que no fueron hechos por sus titulares. Fue por eso que se reportó la situación al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al Banco Provincia y a la asesoría Letrada de la Municipalidad, situación que derivó en la denuncia penal.
