Esta vez, con la excusa de adecuar el Código Procesal de la provincia a la Ley de Víctimas, quisieron introducir normas abolicionistas. “Una burla a la dignidad” de los deudos de los muertos por la delincuencia, dijo el abogado César Mayer, de Usina de Justicia
En los últimos años, hubo reiterados intentos de resolver el hacinamiento carcelario desde una perspectiva excluyentemente abolicionista, liberando presos.
En 2013, un proyecto de ley promovido por la Procuraduría Penitenciaria pretendía fijar un cupo en cada cárcel por encima del cual sería obligatorio acortar los plazos para liberaciones anticipadas.
En aquel proyecto se esbozaba claramente la concepción que asimila la cárcel a la tortura, decreta la “inutilidad” del encierro y aplica el concepto de “víctima” de modo excluyente a la población penitenciaria. “Desde Beccaria sabemos que la pena es un mal que añadimos a otro”, decía la Procuraduría Penitenciaria, como si el primer mal -el delito- fuese equiparable al segundo -la pena-, un argumento que deslegitima todo castigo al que viola la ley.
En abril pasado, la pandemia de coronavirus fue la nueva ocasión para que las corrientes abolicionistas se lanzaran a una campaña por la excarcelación anticipada de presos condenados o la concesión masiva de detenciones domiciliarias. Nuevamente el hacinamiento fue la excusa para quienes nunca se ocuparon de construir cárceles nuevas que reúnan los requisitos humanitarios que dicen defender.
En ambas ocasiones, en 2013 y ahora, la indignación de una ciudadanía que padece a diario el flagelo de la violencia delictiva impidió o morigeró la fiebre libertaria de los funcionarios.
Pero un nuevo intento -más solapado y más descarado a la vez, como se verá- se produjo la semana pasada en el Senado bonaerense. Con una demora de tres años, esa cámara se disponía a debatir por fin la adecuación del Código Procesal Penal de la provincia a la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso nacional en 2017.
Esta Ley 27372 (Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos) es de orden público: las provincias deben adoptarla o bien adecuar a ella su normativa; este último es el caso de Buenos Aires.
El kirchnerista Frente de Todos no tiene mayoría en el Senado provincial pero domina una de las comisiones que debía tratar el tema, la de Legislación General, que preside el senador Francisco Durañona. El proyecto a debatir -que también había pasado por la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos- había sido elaborado en conjunto por legisladores de Juntos por el Cambio -los senadores Walter Lanaro, Lorena Petrovich, Lucas Fiorini, Franco Bagnato y María Belén Tapia, y la diputada Carolina Piparo-, previa consulta con otras fuerzas políticas y con las asociaciones de víctimas, promotoras de la Ley a nivel nacional.
El despacho de mayoría buscaba “garantizar y asegurar a las personas humanas y/o jurídicas que individual o colectivamente fueran víctimas de presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo, en caso de petición expresa”.
El proyecto también apuntaba a promover políticas públicas para fortalecer el protagonismo de las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento efectivo durante el proceso, y también a posteriori del mismo.
Hasta la sanción de esta ley, la persona víctima de un delito quedaba librada a su suerte. Si disponía de los medios suficientes para contratar un buen abogado, podía constituirse en parte querellante en el proceso, pero a su cuenta y cargo. Los familiares de un muerto por la delincuencia no están preparados para semejante contingencia; nadie los informa ni los asesora. Mientras tanto, el perpetrador del delito tiene derecho a un defensor público si es solventarlo. Antes de esta ley, si el damnificado no contrataba un abogado, no tenía ninguna participación en el proceso. Ninguna, ni siquiera derecho a interiorizarse de la evolución de la causa, ni a ser notificado, por ejemplo, en caso de que el victimario fuese beneficiado con una liberación anticipada o una morigeración de pena.
Entre los objetivos del proyecto de Ley provincial se incluía la creación de centros de protección a las víctimas, asesoramiento psicológico y asistencia letrada gratuita; los familiares serían informados sobre el avance de las causas, podrían participar en la formación de las pruebas y, no menos importante, serían notificados durante la etapa de la ejecución penal, es decir, del cumplimiento de la condena y eventuales beneficios que reciba el interno.
La insólita huida del kirchnerismo
Ahora bien, en la sesión de la semana pasada, cuando se debía someter a votación el dictamen, el senador Francisco Durañona abandonó la reunión por zoom que él mismo presidía. Previamente, el kirchnerismo había elaborado un dictamen de minoría francamente desopilante que motivó durísimas críticas de las asociaciones de víctimas y la denuncia por parte del vicepresidente de la Comisión de Legislación General, Leandro Blanco (Juntos por el Cambio), de la “actitud dilatoria y antidemocrática de los representantes del Frente de Todos, que intentaron de forma intempestiva bloquear el tratamiento del proyecto”.
En vez de adecuar el código procesal de la provincia a la Ley de Víctimas, el dictamen kirchnerista introducía una serie de normas para beneficiar a los victimarios.
Esto fue denunciado por el abogado César Mayer, que habló en representación de la asociación civil Usina de Justicia, y que calificó ese dictamen de “burla”, “engaño” y “atropello a la dignidad de las víctimas, aquéllas a las que el ministro y los senadores oficialistas debieran proteger”. Estaba aludiendo al ministro de Justicia de la provincia, Julio Alak, impulsor de estas modificaciones al Código destinadas a obtener la excarcelación de la mayor cantidad posible de presos.
Un verdadero caballo de Troya, dijo Mayer: bajo el título de Ley de Víctimas y con la forma de normas destinadas a darles derechos y protección legal, se escondía en realidad una reforma del Código procesal con el único objetivo de beneficiar más todavía a los delincuentes, a cuya impunidad las víctimas asistirían impotentes.
“Notable propósito del oficialismo -señaló Mayer-, en una provincia en la que la ola de delincuencia constituye la principal preocupación, y notable burla a la gente que salió meses atrás a los balcones para repudiar la excarcelación de presos con la excusa del Covid”.
En su intervención, Mayer destrozó el dictamen de minoría que, aunque “dice adecuar la legislación provincial a la ley de víctimas, no trata absolutamente nada, sobre las víctimas”. No las menciona. Peor aún, la única vez que se refiere a ellas, “no es para otorgarles un derecho sino para recortárselos, porque dice que las asociaciones de víctimas solamente podrán actuar en favor de éstas cuando se trate de: delitos de lesa humanidad, violencia de género, femicidios o delitos contra el medio ambiente”.
Un planteo que roza el cinismo y revela la ideología -o los preconceptos- de quienes promueven esta visión de la justicia: las únicas víctimas que merecen compasión y asistencia estatal son las de la dictadura y las de femicidio o trata. Hasta los árboles y los animales merecen más compasión que el jubilado asesinado por un delincuente para arrebatarle la jubilación, o la persona víctima de una salidera bancaria o el joven ajusticiado para robarle la moto. Sin embargo, la principal fuente de la inseguridad que vive la sociedad viene de estos delitos, fundamentalmente de los robos a mano armada. Pero como para el abolicionismo, el delincuente común es una víctima de la sociedad, y su delito una “rebelión” contra el “sistema”, sus víctimas no merecen ninguna consideración. Ni siquiera tienen categoría de tales. Se las ignora. Como lo hace el dictamen de minoría de la Comisión de Legislación.
Como lo hacía también el ya mencionado proyecto de la Procuraduría Penitenciaria de 2013: “El trato que le damos a quien cometió una falta, dice algo acerca de la persona del infractor, pero también dice mucho acerca de la comunidad que tenemos, de nuestra indiferencia frente al dolor ajeno”, decían los fundamentos. ¿No dice mucho también sobre la sociedad que somos la indiferencia frente al sufrimiento infinito que la violencia delictiva le ha infligido a tantas familias argentinas? Pero esta corriente ideológica reserva toda su compasión para el victimario, al que indulgentemente llama “infractor”.
“¿Cuál es el meollo del despacho de minoría? – se preguntó César Mayer en su intervención ante los senadores-. Conformar un combo bajo el título de Ley de Víctimas y meter por la ventana una cantidad de normas modificatorias del Código Procesal Penal, de características totalmente abolicionistas, que tienen por único propósito dejar a miles de presos en la calle”.
Y enumeró algunas “normas insólitas”, incluidas en el despacho kirchnerista: “Por ejemplo, al particular damnificado -la víctima que se ha presentado en el proceso-, para pedir la detención o la prisión preventiva de su victimario, le van a exigir que constituya una fianza, una contracautela. O sea, para pedirle al juez va a tener que poner plata, ofrecer un bien a embargo”.
Y siguió: “Si el fiscal pide una detención o una prisión preventiva, se le ordena al juez que siempre sustituya esa medida por otra menos gravosa, no importa el delito cometido, ni la prueba que haya contra el imputado: siempre la tiene que sustituir por otra que no implique la detención”.
Ahora bien, siguió explicando Mayer, “si un fiscal solicita el cese de una detención o de una prisión preventiva, este pedido es inmediatamente vinculante –obligatorio- para el juez”.
La cosa va in crescendo. Otra de las normas insólitas del despacho, dijo Mayer, es que “si el imputado viola la prisión domiciliaria, el juez tampoco lo puede mandar a detención o prisión preventiva”.
Por si no bastara, otras cláusulas determinan la domiciliaria para todos los condenados a 6 años de prisión, una vez cumplidos 3; y lo mismo respecto de todos los condenados a 3 años de prisión, cuando hayan cumplido uno. “Esto -dijo Mayer- interfiere con el código penal, en virtud del cual se dictan condenas que son de cumplimiento efectivo, además de que estas detenciones domiciliarias no son ordenadas en función de características particulares de cada caso sino en forma general, lo cual implica una especie de amnistía encubierta, una reducción general de penas”.
La frutilla del postre es una cláusula que determina que cuando haya una audiencia para definir medidas cautelares, se prohíbe la lectura de la requisitoria y de cualquier información relativa al imputado. “Solo se puede leer el número de causa y el nombre del imputado -señaló Mayer-; es decir, al juez que debe decidir sobre la excarcelación o morigeración de pena, se le oculta la calificación de conducta, el comportamiento del interno en prisión, si ha cometido nuevos delitos, etcétera”.
El fundamento de esto último es difícil de concebir desde el sentido común: ¿será para no estigmatizar?, ¿para no victimizar al victimario?
“Parece increíble que tal esperpento jurídico haya sido pergeñado por el kirchnerismo para ser incluido en un proyecto de Ley de Víctimas”, dijo César Mayer a Infobae. “Proponen todo lo contrario a la protección de los derechos de las víctimas”.
Después de la requisitoria del representante de Usina de Justicia contra el despacho de minoría, el kirchnerismo desertó la reunión.
“La gente no quiere a los condenados en sus casas o libres por la calle. La Ley de Víctimas es una deuda con la sociedad. Y la triste huida de los senadores kirchneristas al momento de votarla es un síntoma alarmante del estado de la clase política”, afirmó Mayer.
La actitud de la bancada oficialista no fue impedimento para que el proyecto consensuado avanzara. En la Comisión de Legislación General, los senadores que quedaron tras la salida del Frente de Todos votaron el despacho de mayoría; la reunión estaba iniciada y solo se había hecho una pausa. Pero a posteriori los senadores kirchneristas objetaron el procedimiento. Se acordó entonces que este lunes haya una nueva sesión. Si hay acuerdo, hoy se volverá a votar el texto de mayoría, con la presencia de la bancada del Frente de Todos, y alguna leve modificación. Pero si no hay acuerdo, se dará por válida la votación de la semana pasada.
De todos modos, para las víctimas, la batalla está lejos de haber sido ganada. La sesión para la votación del proyecto tendrá lugar el 10 de septiembre.
“Para nuestro espacio es prioritario tener una ley que garantice el acompañamiento de las víctimas en la provincia de Buenos Aires”, dijo el senador radical Leandro Blanco. “Las víctimas no pueden seguir esperando, por eso avanzamos y decidimos aprobar este proyecto”, concluyó.
César Mayer, por su parte, apuntó contra la irracionalidad del despacho de minoría: “Estas modificaciones al código procesal penal que introdujo el Frente de Todos, ¿qué tienen que ver con las víctimas? Nada. Absolutamente nada. Hay un despacho de minoría que se titula Ley de Víctimas y que lo único que propugna es la impunidad de los victimarios”.
