En el marco del paro nacional que realizarán algunos sindicatos, los principales gremios docentes de la provincia de Buenos Aires no dictarán clases durante el martes, medida a la que se suman además los estatales de ATE, profesionales de la salud de Cicop y judiciales de la AJB.
Más allá del acuerdo salarial al que arribaron sindicatos y el Gobierno de María Eugenia Vidal, los docentes se manifestarán por mejores condiciones laborales y en contra del «ajuste» en la educación pública, por lo que esta semana entre el paro y el feriado del 1° de mayo, las clases retomarán recién el jueves.
A la protesta, que incluye una movilización a Plaza de Mayo, se sumarán la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), a la que pertenece el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) de Roberto Baradel, la Federación de Educados Bonaerenses (FEB), los privados de Sadop y Udocba, el único gremio que no aceptó la oferta salarial oficial.
Mientras que desde Suteba justificaron la adhesión «porque no se aguanta más el ajuste», desde la FEB salieron a exigir «condiciones dignas para enseñar y aprender». En tanto, Sadop denunció despidos directos y encubiertos en el sector en permanente aumento desde el inicio del actual ciclo lectivo.
El paro docente en la provincia de Buenos Aires tendrá impacto además porque se sumarán los estatales de ATE, entre los que se encuentran un gran número de personal auxiliar docente.
En tanto, otros sectores que pararán y se movilizarán son médicos y judiciales, por lo que tanto la atención en hospitales como en tribunales se verá resentida.
Luego de la medida de 48 horas de la semana que pasó y la concentración en las puertas del Ministerio de Salud provincial, Cicop decidió adherir al paro para reclamar, entre otras cosas, una convocatoria paritaria y por la «grave crisis socioeconómica» de la que el sector no está exento. Mientras que la AJB protestará en los 19 departamentos judiciales «en rechazo a las políticas que deterioran las condiciones de trabajadoras y trabajadores, impuestas por los gobiernos nacional y provincial».
