El proyecto oficial para bajar el gasto político en 500 millones de pesos a través de la fusión y eliminación de cargos de gestión tendrá un trámite complicado en la Legislatura bonaerense, sobre todo a raíz de la fuerte oposición de los gremios estatales de la provincia, que advierten sobre la posible pérdida de algunos beneficios de los trabajadores que revistan en las áreas afectadas.
Si bien la iniciativa aún no fue girada a la Legislatura (se hará a principios de la semana próxima), algunos detalles que comenzaron a filtrarse encendieron la alarma de los gremios estatales, que se mostraron “preocupados” por el destino de miles de trabajadores que podrían ser reubicados, perdiendo algunos de los beneficios salariales y laborales con los que hoy cuentan.
Como viene contando DIB, el plan oficial persigue la eliminación de unos 220 cargos políticos a partir de la fusión de subsecretarías y la eliminación de otros organismos. Con estos cambios la gobernadora María Eugenia Vidal espera ahorrar unos 500 millones de pesos en 2018.
Si bien el “recorte político” alcanzará a los cargos de director provincial o mayor jerarquía, el temor de los gremios es que en la reestructuración los trabajadores pierdan beneficios laborales y salariales con los que cuentan por pertenecer a una determinada estructura ministerial.
Por el momento, los focos de conflicto principales se ubican en la Subsecretaría de Tierras y Urbanismo y en la Asesoría General de Gobierno, aunque los cambios alcanzarán a más áreas. En el primer organismo, dependiente del Ministerio de Infraestructura, los gremios denuncian que el Gobierno “pretende desguazarlo en tres”. Según esa versión, las diferentes áreas serían redistribuidas entre Desarrollo Social y la Escribanía General de Gobierno, mientras que otra parte quedaría en la cartera que conduce Roberto Gigante.
En ese marco, los trabajadores se declararon la semana pasada en “estado de asamblea permanente”, y el martes movilizaron hacia Gobernación. Con los cambios que se proyectan, muchos empleados perderían un plus “por obras” que cobran en Infraestructura, y que en algunos casos representan ingresos por más de 10 mil pesos. También podría entorpecerse el proceso de pase a planta de unos 100 trabajadores, al tiempo que corren peligro unos 70 contratos que el Colegio de Escribanos sostiene para trabajar en esa área.
“Hay un tecnócrata como (el jefe de Gabinete, Federico) Salvai que cambia un organismo de un lugar a otro sin tener idea del impacto que eso significa para los trabajadores”, señaló Eduardo Bisceglia, vocal de UPCN Buenos Aires.
En la Asesoría General, en tanto, reina la incertidumbre. La renuncia de su titular, Marcelo López Mesa, generó mayor nerviosismo entre los trabajadores, que en la semana se habían concentrado frente al organismo para exigir precisiones. La intención oficial sería fusionarla con la Secretaría Legal y Técnica que conduce Fernanda Inza, medida que fue cuestionada por el Colegio de Abogados, que advirtió sobre el “peligro” de modificar la estructura de un organismo de control.
Al respecto, el secretario adjunto de ATE Buenos Aires, Carlos Díaz, calificó los cambios como un “verdadero disparate político”, y cuestionó la “decisión inconsulta” del Gobierno bonaerense.
Trámite complicado
Frente a este panorama, los principales gremios estatales proyectan reuniones para la próxima semana, con el objetivo de delinear acciones contra los cambios previstos.
La mira de los sindicatos está puesta en la Legislatura, donde deberán refrendarse las modificaciones a la Ley de Ministerios. Según pudo saber DIB, el trámite en la Casa de Leyes será complejo, y en principio no sería tratado la próxima semana.
La reacción gremial alertó a los bloques opositores, que comenzaron a plantear dudas respecto a la propuesta oficial. Algunos legisladores adelantaron que exigirán un tratamiento detallado del expediente, y no descartan requerir la presencia de ministros para que expliquen sus alcances. En ese marco, la flamante titular del bloque de senadores de Unidad Ciudadana, Teresa García, señaló a DIB que la norma representará un “avasallamiento a los trabajadores”.
Fuentes del Ejecutivo indicaron a DIB que el proyecto ingresará los primeros días de la semana próxima. La intención oficial es darle estado parlamentario en la sesión del jueves 14, y eventualmente un pedido de tratamiento “con o sin despacho” para la siguiente reunión. De otro modo, sin las comisiones constituidas, el oficialismo necesitaría dos tercios en ambas cámaras para avanzar.
Frente a esta situación, en la Legislatura se preparan para sesionar eventualmente el 21 y el 28 de diciembre, de forma de tener el tiempo necesario de aprobar los cambios antes que comience el próximo año.
