El Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Sergio Berni, desafectó del servicio a más de 400 efectivos que participaron de la rebelión policial de septiembre pasado. En el texto, firmado por la auditora de Asuntos Internos, Lorena Rebuffo, se consigna que los efectivos cometieron gravísimas faltas administrativas al movilizarse, por ejemplo, hasta la Quinta Presidencial de Olivos, utilizando los móviles de la fuerza y durante el horario de prestación de servicio.
Los efectivos deben declarar en sede administrativa ante Asuntos Internos, se les quita el arma, quedaron separados del servicio y enfrentan la posibilidad de ser dados de baja. Además, existe contra ellos una causa penal. La decisión tiene fecha del 8 de febrero y de alguna manera es una advertencia respecto de movidas pensadas para este jueves 11 y alentadas por efectivos exonerados y un par de referentes de Cambiemos que utilizan una página de Facebook.
El expediente en la Auditoría de Asuntos Internos no sólo abarca a los que marcharon a Olivos en una asombrosa rebelión indudablemente política, porque el Presidente era ajeno a a un conflicto que era provincial y que el gobernador Axel Kicillof resolvió equiparando los sueldos de la Policía Bonaerense con los sueldos de las fuerzas federales. Además hay efectivos desafectados por hechos similares en Puente 12, donde suele estar Berni, en La Plata y en otros puntos de la geografía bonaerense. Las notificaciones estaban llegando este martes.
El texto de la resolución indica que “deben prestar declaración administrativa en relación al hecho por el cual, el 9 de septiembre de 2020, en horas de la tarde, los efectivos mencionados se hicieron presentes en la Residencia Presidencial de Olivos con la finalidad de participar de una protesta para solicitar mejoras en sus condiciones laborales, protesta que afectó la prestación normal del servicio, siendo canalizadas en horario laboral y a bordo de móviles policiales pertenecientes a la flota de la dependencia en la cual prestaban servicios. Los efectivos nombrados cometieron un hecho de extrema gravedad ya que circularon, tanto a pie como en móviles policiales, con la clara intención de erosionar la figura presidencial.
Por lo relatado, los imputados afectaron gravemente la disciplina al cometer un acto de insubordinación y afectaron la operatividad de la fuerza policial”. En otras desafectaciones figura el lugar y el horario donde se produjeron –La Plata, Puente 12– y un texto similar. También la notificación adelanta que hay abundante prueba de los hechos, incluyendo fotografías, videos y declaraciones testimoniales.
En aquella rebelión, los que tomaban el micrófono y ocupaban el protagonismo eran, en general, exonerados, es decir policías que ya no estaban en la fuerza. En Puente 12 se hizo notar un supuesto oficial que aparecía con un uniforme militar de camuflage. Se trató del capitán Mariano Díaz, que según el Ministerio de Seguridad fue apartado de la Bonaerense por haber intervenido en un motín del Grupo Halcón en el año 2014. Díaz parece que siempre buscó ponerse al frente de un sindicato policial, pese a que ya no está en la Bonaerense.
Por la tarde, en Olivos, agarró los micrófonos otro exonerado, el Capitán Sandro Adrián Amaya, que igualmente fue exonerado por estar imputado en una causa de drogas que en su momento instruyó el juez federal Alberto Suárez Araujo. Sin embargo, estos voceros estuvieron acompañados por varios centenares de efectivos en actividad que, a su vez, utilizaron los móviles de la fuerza.
