A partir de la causa iniciada por abuso animal en la localidad de Rojas, la justicia dio intervención al área de salud mental para que intervenga y sea evaluado el sindicado, por un equipo multidisciplinario.
Evaluarán en salud mental al vecino de Rojas sindicado como quien abusó de una perrita en el basural
Se estima que deberán determinar su situación mental y eventualmente a qué centro asistencial debería ser trasladado desde el Hospital Unzué donde se encuentra alojado en la actualidad.
Como fuera informado, un sujeto fue denunciado por la asociación de protectores de los animales rojense.
Según detallaron desde la Asociación, el abuso contra la perrita fue constatado por un médico veterinario.
Consta en la denuncia que el hombre que habría realizado tal aberración se encuentra en situación de calle y al ser sorprendido salió totalmente desnudo al ver que personas de la asociación proteccionista estaban en el lugar.
Medios de comunicación como Rojas Virtual sostiene que la resolución de la justicia, “lejos de ofrecer una solución, ha sido interpretada por fuentes conocedoras como una maniobra calculada para desentenderse de la función que le es propia: ordenar y efectivizar el traslado a una institución adecuada.
La Justicia, en lugar de asumir la responsabilidad de gestionar y disponer el traslado del imputado a una institución psiquiátrica o de salud mental, ha delegado la tarea de encontrarle un destino a un «equipo interdisciplinario». Este mecanismo, denuncian voces críticas, se convierte en una vía expedita para que el sistema judicial se «saque un lastre de encima», replicando dinámicas observadas en otros casos complejos que requieren internación o custodia especializada”.
“La sugerencia implícita de que las autoridades sanitarias locales deben resolver la cuestión resulta doblemente perversa. Por un lado, es la propia Justicia quien debe emitir la orden de disposición; por otro, es de público y notorio conocimiento que la Provincia de Buenos Aires atraviesa una crítica escasez de centros asistenciales adecuados para albergar a este tipo de imputados, muchos de los cuales fueron cerrados en el marco de reformas en salud mental”.
“De esta manera, el peso de una crisis estructural que excede a la localidad recae directamente sobre las autoridades sanitarias locales, obligadas a gestionar una situación para la cual la Provincia no les provee infraestructura”.


























