Si el plan del Gobierno llega a buen puerto, el año próximo entrará en vigencia un sistema que extenderá la lista negra de teléfonos robados en nuestro país (y que impide su uso) a otros que hayan sido denunciados en otros países.
Frenar el contrabando
El plan difiere de lo que fue adelantado por Clarín hace unos días, que afirma que el Gobierno estudia el uso de una suerte de lista blanca de IMEIs autorizados (que sólo se podrán usar teléfonos de los que se tenga factura de compra). Desde el Gobierno afirman que la medida que se analiza tiene en cuenta sólo los equipos denunciados como robados, y un cruce de listas negras de varios países. Y permite que los fabricantes de teléfonos denuncien bloques de IMEIs como robados.
Volumen de ventas de celulares en la Argentina, en millones.
Para los fabricantes de Tierra del Fuego es imposible competir por precio: al costo menor que implica traer el equipo de China ya terminado se le suma que el no pago de impuestos. Para las operadoras y las marcas, además, es un dolor de cabeza. Deben darle soporte a equipos de procedencia ignota, de modelos que a veces no se venden en el país (y no tienen repuestos) y que son competencia interna: porque son teléfonos originales, pero comprados en forma directa a China. Es decir, para la marca se registra como una venta, pero no en la filial local.
Una manera de competir contra el contrabando está en la rebaja de los impuestos internos para los celulares acordada en los últimos tiempos: la lógica que se sigue es que si baja el precio del equipo (de Tierra del Fuego o ingresado en forma legal) pierde atractivo el de contrabando. Igual será en forma gradual durante el próximo lustro; pero el precio en pesos de los equipos hechos en Tierra del Fuego ya está bajando.
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En 2018 planean extender las listas negras de celulares para frenar el contrabando
