Por Fernando Scanavino
Atrás quedaron las palabras y las promesas de aquel “20 % de aumento inmediato en las jubilaciones y pensiones» del candidato Alberto Fernández, la suspensión y posterior modificación del indice del aumento por movilidad impuesta oportunamente por el presidente Macri, devenida en la suspensión y sustitución incierta del ahora presidente Fernández, no sólo perjudicial para una basta porción de los beneficiarios, sino también inconstitucional por donde se la mire.
Ahora bien, pongamos negro sobre blanco: dejemos de mirar el pasado como justificante del presente y analicemos qué dice el plexo normativo en su conjunto .
La Constitución Nacional, en su art. 14 bis, dice: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable». Nótese que en la irrenunciablidad e integralidad nunca podrá una situación post facto venir en detrimiento de lo ya adquirido.
Este artículo fija las principios rectores para la actualización de los beneficios previsionales. Pero, además, el art. 16., reza que «todos sus habitantes son iguales ante la ley», por lo que, sobre la base de igualdad, no se puede admitir división caprichosa y menos aún cuando lo que esta refleja es una “quita” a mas de la mitad de los jubilados, quita que afecta derechos ya adquiridos.
Es indudable que ni la cuestión de fondo y menos aún la forma, es decir por decreto, es la vía. Por lo cual el resultado de esta acción de gobierno es inexorablemente e Insanablemente nula.
Hay muchos que salen a contestar que Macri no hizo nada o bien hizo todo mal, como resumiendo la obra de gobierno sobre un maniqueismo casi infantil.
En materia de previsión social, fue durante su gobierno que más de 1.200.000 abuelos fueron beneficiados por lo que se denominó “Reparación Histórica»: es decir el reconocimiento a una situación de morosidad de décadas a nuestros mayores. Mientras que los anteriores gobiernos apuntaban a una judicialización del problema, fue desde el ANSES, durante la gestión de Macri, que se brindó una solución y para siempre. En cifras concretas, esta reparación sirvió para levantar en un 35%, el haber de los beneficiarios.
Fue también el anterior gobierno que creo la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que posibilitó acceder a un 80% del haber mínimo a quienes no tienen ningún tipo de cobertura.
Volviendo al cálculo de aumento esgrimido, la decisión oficial para el mes de marzo fue otorgar una mejora que implica aplicar un 2,3% y una suma fija de $1500. Eso provoca que, para el caso de la jubilación mínima, el aumento sea de 12,96% (llegará a $15.891,5). El porcentaje de aumento se va reduciendo a medida que el ingreso es más elevado: es de 7,3% para una jubilación de $30.000, por ejemplo, y de tan solo 3,75% en el caso del haber máximo del sistema, hasta este mes de $103.064.
La situación generada por esta diferenciación arbitraria de las recomposiciones provocará reclamos judiciales por parte de quienes se vean afectados por recibir menos del 11,6%, el porcentaje que resultaba de considerar lo ocurrido con la inflación y los salarios .
Parafraseando a un líder político: “la única verdad es la realidad». Hoy los tres millones de jubilados que realizaron aportes previsionales en su etapa laboral activa cobrarán, en promedio, un 37% menos de lo que les correspondería si se hubiese aplicado la ley de Movilidad para el trimestre marzo-mayo, con extremos como una ganancia del 11,7% para el haber mínimo y una quita del 57,2% para los superiores y representará para el Estado nacional un ahorro mensual de $5.586,7 millones. Es decir, un ajuste lisa y llanamente, para quienes ya habían adquiridos derechos, dejándolos no sólo con menos recursos, sino también al borde de la inseguridad jurídica.Y, muy probablemente, para reasignar esos recurso con fines distintos a los de su naturaleza.
Por último, entiendo que los detractores sistemáticos de las políticas del gobierno anterior, devenidos en certificadores de las medidas actuales, tendrán la capacidad de analizar y ser consecuentes respecto de lo que se sostuvo y criticó con las distorsiones del ahora.
Entendiendo que la política es la alternancia, el escuchar todas las voces sin monopolizar la razón, y por el bien de la república, el tema de la seguridad social no puede ni debe ser el resultado de un decreto, sino una verdadera política de consenso que debe debatirse en su ámbito natural que es el Congreso, y no en un despacho, ni en una plaza ejerciendo violencia.
Recién ahí se habrá de entender y dar una solución permanente y justa a nuestros mayores.
