Mientras Daniela Vargas espera que se resuelva su situación legal en Estados Unidos, detenida en uno de los centros del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) en LaSalle, Lousiana, su abogada, Abigail Peterson, intenta evitar su deportación mediante un pedido ante el Departamento de Seguridad Interior para solicitar que le permita permanecer en el país para defender su caso ante un juez.
En un reportaje del Huffington Post, Peterson compartió, a pedido de la joven, un conmovedor mensaje:
«No entiendo por qué no me quieren aquí. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Es decir, no es mi culpa haber sido traída aquí, no conozco nada más que estar aquí y no lo había reconocido hasta que estuve en una celda. Yo fui traída aquí. No elegí estar aquí. Y cuando fui traída aquí tuve que aprender un país nuevo y dejar atrás el que conocía. Y apenas conocía a ese otro país. Siento fuertemente que pertenezco aquí y que debería tener la oportunidad de estar aquí, hacer algo bueno y trabajar en esta economía. Hay mucho que puedo hacer, como enseñar música. Soy una excelente trompetera, le pueden preguntar a mi madre. Soy excelente en matemáticas. Hablo español. Hay muchas cosas que puedo hacer por este país que no me están dejando hacer. Incluso intenté unirme a las fuerzas militares, y no pude. Pero ese no es el punto, el punto es que haría cualquier cosa por este país».
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Peterson, la joven sería deportada sin una audiencia ante la Justicia ya que Vargas entró al país norteamericano con una visa «waiver», un programa que permite que ciudadanos de ciertos países entren a Estados Unidos sin visa por un período de 90 días, programa al que no pertenece más la Argentina.
Según ese medio, oficiales de ICE le dijeron a la abogada que «los individuos que usaron ese tipo de visa para entrar al país no tienen derecho a una audiencia o apelar a su deportación a menos que estén buscando asilo».
Peterson argumenta que el caso de Vargas debe considerarse de otro modo, dado que Vargas tenía una residencia legal en Estados Unidos ya que era beneficiaria del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, según sus siglas en inglés) implementado por decreto por Barack Obama para brindarle un alivio a los jóvenes indocumentados conocidos como «dreamers», que se instalaron en el país cuando eran niños, y crecieron, estudiaron, y se integraron al punto, incluso, de servir en las Fuerzas Armadas. La joven había aplicado nuevamente al programa para renovar su estatus.
«Ella tenía 7 años cuando llegó a Estados Unidos. No podía aplicar a esos derechos de la visa waive, sus padres sí. Ahora ella es una adulta tratando de reivindicar sus propios derechos», expresó Peterson.
En tanto, la joven sigue detenida junto a su padre, Daniel, y su hermano, Alan, en el mismo centro de detención en el estado de Lousiana, donde espera resolver su situación legal.
