Alejandro Vandenbroele , el supuesto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou , pidió ayer ingresar al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. ¿Cómo funciona este programa?
La ley 25.764, que creó el programa, está dirigida a personas que colaboren en causas relativas al narcotráfico, el secuestro extorsivo, el terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1976/1983, y la trata de personas.
Existen casi 300 imputados y testigos dentro del programa, sin contar a los «asociados», es decir, familiares o personas cercanas a la persona protegida, cuyas vidas también podrían correr riesgo.
Cabe aclarar que, a diferencia de lo que determina la ley del arrepentido, la persona que entra al programa de protección no acuerda ninguna reducción de pena.
¿Puede una persona estar dentro del programa en un centro de detención?
Sí. Se hace en los casos en los que el testigo está imputado en una causa y la justicia dispuso su detención. Así comenzó, por ejemplo, el caso de Leonardo Fariña . Él ingresó al Programa estando detenido en la cárcel de Ezeiza. Luego, cuando la justicia dispuso su excarcelación, Fariña fue trasladado a un lugar reservado donde continúa bajo protección.
Esteban Ibar Pérez Corradi también ingresó a este programa después de ser detenido.
Según explicaron a LA NACION desde el Ministerio de Justicia , ofrecer protección dentro de una prisión es complejo e implica mayores dificultades, pero se realiza cuando así es requerido. En esos casos, la persona es alojada en una celda unipersonal, con un guardia en el pasillo . Una cámara registra lo que sucede en esa celda y es monitoreada las 24 horas por personal del Ministerio.
¿Quién define si el testigo queda protegido en un centro de detención?
La Justicia. En el caso de Pérez Corradi, por ejemplo, una vez que fue trasladado a la Argentina, se dispuso que ingresara al programa y la protección en un centro de detención.
Niveles de seguridad
El programa establece medidas de seguridad de acuerdo a la situación de riesgo de cada persona. Esto es determinado en la entrevista de evaluación, que la realiza el director del Programa.
Estas medidas pueden ir desde otorgarle a la persona un teléfono monitoreado y un botón antipánico, hasta una relocalización de en un alojamiento reservado. Si el riesgo es elevado, y el caso lo requiere, también se puede llega a cambiar la identidad de la persona y del grupo familiar y disponer una reubicación.
En el caso de que se necesite un traslado, las personas permanecen en lugares fijos dispuestos por el Ministerio durante las primeras 48 horas, y luego son enviados a establecimientos reservados, que son elegidos de acuerdo a lo que se requiera en cada caso. El Ministerio cuenta con un fondo de dinero para sustentar estos gastos.
Concretamente, la ley prevé las siguientes medidas, según el nivel de seguridad requerido:
La custodia personal o domiciliaria
El alojamiento temporario en lugares reservados
El cambio de domicilio
La asistencia para la gestión de trámites
El suministro de documentación que acredite identidad bajo nombre supuesto a los fines de mantener en reserva la ubicación de la persona protegida y su grupo familiar
El suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios.
La ley establece que la asistencia económica sólo se otorga por seis meses. Pasado este período, se le puede brindar a la persona protegida ayuda para conseguir un trabajo que le permita mantenerse mientras continúe dentro del programa. En tanto, también se les brinda asistencia psicológica, teniendo en cuenta el estrés que implica para los testigos el cambio de vida al que ingresan.
La permanencia dentro del Programa es voluntaria, pero una vez que la persona acepta ingresar, debe cumplir ciertas normas, como mantener la confidencialidad, permitir un examen socio ambiental, no asistir a lugares que impliquen poner en riesgo su protección. El incumplimiento de estas normas puede derivar en que sea expulsado del Programa.
El apoyo de las fuerzas policiales para la protección de las personas que entran en el Programa es coordinado con el Ministerio de Seguridad.
Cómo funcionó en los últimos años
Según informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Justicia en 2016, la nueva gestión de la cartera detectó «numerosas irregularidades» en el funcionamiento del programa. Entre otras cosas, «no se contaba con una estructura formada». Tampoco había «protocolos ni manuales de actuación».
«El programa funcionaba de manera desorganizada, sin control de gestión ni tareas estandarizadas», detalló Martín Casares cuando Pérez Corradi ingresó al programa el año pasado, momento en el que se desempañaba como subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación. Hoy Casares es Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia.
En cuanto al seguimiento de los casos, Casares explicó que «los registros estaban desactualizados, había personas duplicadas y otras que ya no estaban» en el programa. «Había testigos protegidos a los que hacía meses que nadie los contactaba», añadió Casares.
También se constató que el sistema informático era «ineficiente». «Un dato no menor es que desde 2003, cuando se aprobó la ley, hasta hoy, no se reglamentó», indicó el funcionario.
Casares detalló que alrededor de un 35% de los testigos e imputados que hoy están dentro del programa son por casos de lesa humanidad, un 25% lo está en el marco de causas de narcotráfico, un 15% por causas de trata, y un 6% en casos caratulados como «crimen organizado», sin mayor especificación.
Qué cambios hubo
Con el cambio de gestión, se inició «un proceso de fortalecimiento» del Programa, indicaron las fuentes. Según detalló Casares, se ordenó en primer lugar contactar a todas las personas que estaban registradas. «Detectamos que había gente que ya no estaba en el programa pero no había sido dada de baja, los registros no estaban actualizados», sostuvo el funcionario.
En tanto, se revisaron todos los procesos de trabajo, para mejorar el tratamiento de los testigos que ingresan al programa, su nivel de seguridad, etcétera.
«También se diseñaron protocolos de actuación, instructivos para generar un orden administrativo, hicimos una auditoría informática y se modificó el sistema, se establecieron nuevos circuitos de seguridad y se fortaleció el programa en términos de presupuesto», explicó Casares.
«Estamos trabajando en la formación del personal y mejorando la estructura de toda el área. El Ministerio de Seguridad nos da el apoyo con los mejores efectivos de las fuerzas», añadió. Y concluyó: «Hoy el programa funciona bien, pero seguimos trabajando y fortaleciéndolo para futuros desafíos».
