Diputados nacionales de diferentes bloques participaron de una jornada técnica para analizar la creación de una ley nacional de presupuestos mínimos sobre la aplicación de fitosanitarios. El objetivo es unificar criterios y poner fin a la actual fragmentación normativa que existe entre provincias y municipios.
Legisladores de distintos partidos impulsan el debate por una ley nacional de fitosanitarios
La discusión por una ley nacional de fitosanitarios volvió a instalarse en la agenda legislativa. Diputados de distintos espacios políticos participaron de un encuentro técnico organizado por la Fundación Barbechando, junto a especialistas y representantes del sector agroindustrial, con el objetivo de avanzar en un marco regulatorio que establezca criterios comunes para la aplicación de productos fitosanitarios en todo el país.
Actualmente, Argentina no cuenta con una legislación nacional que fije estándares mínimos para esta actividad. La regulación depende de normas provinciales, ordenanzas municipales y resoluciones judiciales, lo que genera diferencias entre jurisdicciones y un escenario de incertidumbre para productores, aplicadores y organismos de control.
Desde el sector sostienen que esta falta de un marco unificado dificulta la planificación de las actividades productivas, desalienta inversiones en nuevas tecnologías y favorece la judicialización de conflictos vinculados con las aplicaciones.
Un proyecto basado en criterios científicos
Durante la jornada, integrantes de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias presentaron los principales lineamientos de un proyecto de ley que propone establecer presupuestos mínimos para todo el territorio nacional.
La iniciativa contempla la definición de zonas sensibles y áreas de amortiguamiento mediante criterios técnico-científicos, la asignación de responsabilidades para cada actor involucrado en el proceso de aplicación, la capacitación permanente de los operarios y un sistema de fiscalización apoyado en herramientas tecnológicas.
Entre las alternativas analizadas figuran mecanismos de monitoreo remoto, registros digitales, sistemas de control conocidos como «caja negra» y la incorporación de la figura del veedor para fortalecer la supervisión de las aplicaciones.
Consenso para avanzar en una normativa nacional
El encuentro reunió a legisladores del Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA) pertenecientes a distintos bloques políticos, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar una regulación basada en evidencia científica y en las Buenas Prácticas Agropecuarias.
La intención es construir un marco legal que permita reducir las diferencias existentes entre provincias, otorgar mayor previsibilidad a toda la cadena agropecuaria y disminuir la cantidad de conflictos judiciales derivados de la falta de reglas uniformes.
Si bien el consenso técnico comienza a consolidarse, el desafío ahora será trasladar ese acuerdo al Congreso y lograr la aprobación de una ley que, pese a numerosos intentos realizados durante las últimas décadas, todavía continúa pendiente en Argentina.





















