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Conflicto docente: La Provincia apeló el fallo que suspende la conciliación obligatoria

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El ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, señaló hoy que el Gobierno bonaerense acató el fallo del juzgado en lo Contencioso Administrativo de La Plata que ordenó suspender la conciliación obligatorio, pero confirmó que ya apeló la medida por considerarlo “una intromisión no republicana”.

«Apelamos el fallo correspondiente porque es una intromisión no republicana de un juez que nos tiene acostumbrado a este tipo de situaciones. No compartimos sus fundamentos, pero mientras la Cámara resuelva, decidimos acatar», dijo hoy Villegas en declaraciones radiales.

Y en ese sentido, sostuvo que «tenemos una medida de fuerza que lamentablemente se produce por la intervención de un juez que consideró que la conciliación obligatoria no era válida, y frustró una reunión que teníamos previsto para hoy”. Y añadió: «este paro de hoy se lo debemos al juez (Luis) Arias, tiene nombre y apellido el día de hoy».

El Gobierno comunicó que había convocado a los gremios a una nueva mesa salarial para hoy al mediodía, pero los gremios denunciaron que en realidad se trataba de un encuentro “en el marco de la conciliación obligatoria” que ellos desconocen y que ya había sido frenada por la Justicia, por lo que reiteraron que no asistirían. Ante esto, y frente al llamado a un nuevo paro, el Ejecutivo se vio obligado a dar marcha atrás y suspendió la reunión.

“Con la gobernadora tenemos en claro que vamos a seguir dialogando, por eso convocamos; esperamos que los gremios vean este gesto y lo puedan acompañar empezando las clases y aceptando el diálogo el viernes”, finalizó Villegas.

Cabe señalar que el fallo de Arias hizo lugar a una medida cautelar presentada por los gremios docentes bonaerenses que integran el Frente Gremial. En sus argumentos, el magistrado sostuvo que “el Poder Ejecutivo no puede actuar como juez ni disponer ninguna medida porque es parte del conflicto” y recordó que “la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que ya tiene más de 22 años, establece que los conflictos entre los trabajadores estatales y el Gobierno deben ser resueltos por un tribunal independiente”.

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