El ministerio de Cuneo Libarona cerró los Centros de Accesos a la Justicia entre ellos el de Junín

El Gobierno anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país, la mayoría con asiento en la provincia de Buenos Aires. Sumados a cinco que ya habían bajado sus persianas, sólo quedarán 24 de los 110 que había al inicio de la gestión de Javier Milei.

Como en los CAJ trabajaban cientos de personas, entre administrativos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales, el cierre de estas 81 oficinas sumará nuevos despidos a los ya registrados en el área hasta la fecha.

Según anunció el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, el cierre se concretará en las próximas horas luego de una auditoría que los consideró “ineficientes y un gasto para los contribuyentes”.

Los centros se encargan de brindar atención legal primaria a la población para garantizar el acceso a la Justicia. De acuerdo a datos oficiales, recibieron 623.782 consultas entre enero de 2020 y octubre de 2023, alcanzando a más de 340 mil personas en todo el país.

El de Junín, que tiene alcance regional, funciona en  Rivadavia 5, esq. Arias, planta alta (sobre Correo Argentino).

En la mañana de este martes se había colocado un cartel impreso en la entrada de la oficina donde se indicaba que «las trabajadoras del Centro de Acceso a la Justicia nos encontramos sin acceso al sistema interno y el equipo completo ha sido despedido. Por el momento no se brindará atención al público. Línea gratuita del ministerio de Justicia: 0800-222-3425»

LA DECISION TOMADA TRAS UNA AUDITORIA EN LA QUE SE CONSIDERA A LOS CAJ «INEFICIENTES Y UN GASTO PARA LOS CONTRIBUYENTES»

El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, confirmó el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que se encargan de brindar atención legal primaria a la población para garantizar el acceso a la Justicia. La decisión llegó luego de una auditoría que sustentó su clausura por considerarlos «ineficientes y un gasto para los contribuyentes».

«El Ministerio de Justicia informa que, como resultad auditoría interna que la cartera realiza desde el mes de se cerrarán 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias», anunciaron desde la cartera a través de un comunicado publicado en sus redes sociales titulado «Se cierra otra caja política».

De esta forma, se resolvió el cierre de 81 de los 97 Centros de Acceso a la Justicia que maneja la cartera en todo el país.

En este sentido, desde la cartera expresaron que estas dependencias estatales acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, «sin demostrar resultados y duplicando funciones».

«Éstos le costaban a los argentinos más de 8 mil millones de pesos por año, algo que en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más», sentenciaron desde la cartera.

Por último, el Ministerio de Justicia aseveró que todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos. Por este motivo consideraron «injustificable» la financiación de más oficinas y más recursos a la misma función.

La función de estos centros es, según la página oficial del Ministerio de Justicia, brindar un servicio de atención legal primaria que tiene como finalidad garantizar el acceso a la justicia, el conocimiento y la efectividad de los derechos humanos de los sectores más vulnerables de la población, promover la igualdad, el desarrollo humano y el crecimiento económico inclusivo, y construir una ciudadanía activa y empoderada.

Asimismo, los centros se encontraban hasta ahora presentes en 23 de las 24 provincias.  Los CAJ cuentan con 97 oficinas en todo el país localizadas en distintos territorios: en zonas urbanas (centros de ciudades importantes donde circulan muchas personas), en barrios populares, en zonas rurales con fuerte presencia de comunidades campesinas; en zonas con presencia mayoritariamente indígena, entre otras.

Realizaban a su vez itinerancias en distintos barrios, articuladas con organizaciones comunitarias y otros organismos públicos de los distintos niveles del Estado.