Di Lello afirmó que debe investigarse el «aparente sinuoso e inusual vinculo» originado entre las empresas estatal YPF y privada Chevron a partir de la firma del acuerdo por la explotación del yacimiento Vaca Muerta en Neuquén, al impulsar una investigación penal para determinar si hubo ilícitos y quienes fueron sus responsables.
«Esta investigación ahondará en el aparente sinuoso e inusual vínculo que se originó a partir de la firma del acuerdo de proyecto de inversión que públicamente se denominara YPF-Chevron, y de los contratos que se suscribieran al respecto entre una empresa cuya mayoría accionaria es del Estado Nacional y un privado, de cuyas características se deberá determinar si se realizaron conductas ilícitas», sostuvo el fiscal en el dictamen al que accedió Télam.
La causa está a cargo del juez federal Sergio Torres y el fiscal le pidió nueve medidas de prueba, aunque aclaró que «por el momento no es posible establecer imputado alguno» aunque en el futuro podrían quedar invlucrados «todos aquellos que hayan intervenido en algún tramo del acuerdo o de los contratos firmados por YPF SA y Chevron», sostuvo en su escrito.
Di Lello incorporó a la causa una copia simple del Acuerdo de Proyecto de inversión firmado el 16 de julio de 2013 entre YPF y Chevron Overseas Finance Limited, aportado por el diputado provincial de Santa Fe, Rubén Gustiniani, quien lo obtuvo luego de una larga batalla judicial.
La denuncia había sido presentada por el abogado Ricardo Monner Sans, quien sostuvo que en el kirchnerismo “se gestó un convenio entre YPF SA y Chevron para la explotación de petróleo en Vaca Muerta» y que por un decreto presidencial se dió a Chevron «libre acceso a dólares estadounidenses».
Ello, sostuvo la denuncia, implicó una extranjerización resuelta por funcionarios estatales, «pactando una forma de evasión del control en la ejecución del acuerdo» con una «triangulación en países extranjeros bajo la manera de empresas “off shore” que permitirían evadir impuestos y “preservar” a Chevron de reclamos indemnizatorios».
Di Lello solicitó a Torres que requiera a la Auditoría General de la Nación un informe sobre si ese organismo realizó «alguna auditoría» sobre los acuerdos firmados.
También solicitó al juez que pida a la Comisión Nacional de Valores los antecedentes que tenga sobre el acuerdo y los contratos que enmarcaron la operación por la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta.
«Solicítese a YPF SA, que acompañe todos los contratos que materializaron la operación entre dicha firma y Chevron por la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta y el memorando de entendimiento suscripto por ambas en setiembre del año 2012 (MOU)», agregó el fiscal entre las medidas de prueba
Y también solicitó a Torres que cite como testigo al apoderado de YPF SA «a fin de que explique los fundamentos materiales y formales del tracto contractual que se investiga».
Sobre «Chevron Argentina SRL», pidió enviarle un oficio para que «acompañe los antecedentes de la empresa Chevron Overseas Finance Limited.»
Y consideró que la Inspección General de Justicia debe remitir al juzgado «los antecedentes de la empresa Chevron Argentina SRL y Compañía de Hidrocarburo no Convencional SRL argentina».
El acuerdo, en la Justicia
El acuerdo YPF-Chevron fue entregado a la Justicia argentina por la empresa petrolera estatal el pasado 22 de septiembre, en respuesta a un reclamo del ex senador nacional Rubén Giustiniani para que el documento se hiciera público, algo que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se negó a cumplir.
Giustiniani quería que las supuestas cláusulas secretas del acuerdo YPF-Chevron en torno al yacimiento de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta se hicieran públicas para determinar si había algún privilegio especial para la compañía estadounidense y si se había vulnerado alguna norma legal.
La petrolera YPF entregó a la Justicia “copia íntegra del Acuerdo de Inversión de Proyecto” que se había firmado en julio de 2013 con la empresa estadounidense Chevron, uno de los 26 documentos acordados para llevar adelante de manera conjunta la explotación en el yacimiento de Vaca Muerta, según comunicó la compañía al mercado en septiembre.
Luego de lograr judicialmente el acceso a los documentos del acuerdo, Giustiniani, actualmente diputado provincial en Santa Fe, difundió públicamente, el pasado 10 de octubre, el contrato de concesión entre YPF y Chevron para explotar los yacimientos de Vaca Muerta.
En esa ocasión, Giustiniani explicó que la operación se dio a través de una serie de compañías offshore, radicadas en paraísos fiscales, en las que no hubo una inversión directa sino un préstamo.
Y es en base a este documento hecho público merced al reclamo de Giustiniani que el abogado Monner Sans pidió a la Justicia investigar si hubo delito, algo que el fiscal federal Di Lello recibió y puso en manos del juez Torres, al pedir hoy las medidas de prueba necesarias.
