El vocero de la presidencia del Estado Plurinacional boliviano, Jorge Ritcher, afirmó este sábado que «30 integrantes del grupo Alacrán de la Gendarmería» pueden declarar ante la Justicia argentina sobre presunta «colaboración» que el gobierno de Mauricio Macri le habría brindado al golpe de Estado en Bolivia que derrocó a Evo Morales e instaló en el poder a Jeanine Áñez.
Según consigna el diario Página 7 de Bolivia, el funcionario del gobierno de Luis Arce se refirió de esta forma a las investigaciones judiciales iniciadas contra los funcionarios de Cambiemos por contrabando agravado, en base a una denuncia presentada por el Ejecutivo argentino, luego de que se conociera el envío de materiales represivos por parte de la gestión de Macri a la nación andina, en noviembre de 2019.
“No son temas simples, sus declaraciones en Argentina sacarán muchas cosas más a relucir. Son 30 gendarmes del grupo Alacrán que deben declarar sobre la colaboración que prestaron al Golpe de Estado en Bolivia y el apoyo que le dieron al régimen de facto de Jeannine Añez”, afirmó durante una entrevista radial que citó el diario boliviano.
Para el vocero hay en el caso del envío de armas “muchos elementos, absolutamente importantes, que nos van a permitir llegar a conclusiones políticas válidas respecto a lo que ocurrió en aquellos días y la coincidencia con el quiebre constitucional y la fortaleza que obtuvo en ese momento la señora Áñez para instalar un gobierno de facto en el país”.
Mauricio Macri quedó formalmente imputado esta semana como responsable del supuesto contrabando agravado de armas y municiones a Bolivia el 12 de noviembre de 2019 cuando se consolidaba el golpe de Estado contra Morales.
La investigación la impulsó el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial quien entendió que «una maniobra hipotética como la que cabe investigar debería haber contado con algún nivel de concierto de quien ejercía entonces el cargo de Presidente de la Nación y, de suyo, el de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas».
El fiscal entregó ayer su dictamen al juez Javier López Biscayart a quien le requirió, además, que habilite la feria judicial para avanzar con esta investigación para la que pidió medidas a desarrollar tanto en este país como en Bolivia donde, según informes periodísticos locales, fueron encontradas más de 25.000 municiones antidisturbios de origen argentino.
La acusación alcanza además a otros seis exfuncionarios del Gobierno de Cambiemos entre los que sobresalen, por sus eventuales responsabilidades en la maniobra investigada y los cargos que ocuparon en el Poder Ejecutivo, el exministro de Defensa Oscar Aguad y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
