La necesidad de bajar el gasto público fue una de las puntas de lanzas del entonces candidato presidencial Mauricio Macri durante la campaña que finalmente lo depositó en la Casa Rosada. Y uno de los caminos elegidos para ello fue la drástica reducción de los subsidios que tuvieron un tan inmediato como duro impacto en los índices de inflación y en la pérdida del poder adquisitivo del salario.
Sin embargo, el Gobierno ahora habilitará una nueva línea de subsidios con una orientación radicalmente opuesta a la utilizada hasta el momento. Lejos de buscar aliviar el bolsillo de los trabajadores, los nuevos subsidios están orientados a complementar indemnizaciones por despido provocados por la apertura de importaciones.
Según reveló en su edición de este jueves Ámbito Financiero, «el Estado pagará parte de las indemnizaciones de los trabajadores despedidos por la apertura de las importaciones. Lo hará a través del Programa Nacional de Transformación Productiva, que firmarán hoy los ministerios de Producción y Trabajo, y que estará orientado a las industrias más sensibles a la competencia con productos del extranjero, como las fábricas de computadoras ante la inminente baja de aranceles. El plan habilitará un complemento indemnizatorio o bien el pago de una parte del salario con fondos públicos para los operarios que pudiesen ser reinsertados en otras fábricas como parte del mismo esquema».
El plan surgió al calor de la baja arancelaria y fue pensado originalmente para Tierra del Fuego, en donde funciona la mayoría de las terminales electrónicas que ensamblan productos tecnológicos, pero el Gobierno decidió que su aplicación podrá concretarse en cualquier lugar del país, sobre segmentos de la industria necesitados de una reconversión.
«En el Ministerio de Trabajo lo definen como un ‘Repro vip’, en alusión al Programa de Recuperación Productiva que creó el Gobierno anterior y que, todavía vigente, implica el desembolso de una cantidad variable de dinero por cada trabajador de una empresa en situación de crisis para complementar sus salarios a cambio de una garantía de sostén de los puestos de empleo», indica Ámbito.
Y detalla: «El punto más sensible del plan es la constitución de un bono equivalente, como máximo, al salario mínimo, vital y móvil (hoy en $7.560) que el Estado pagará a cada trabajador de acuerdo a su destino final. Si se trata de un despedido por una compañía imposibilitada de reconvertirse por la competencia extranjera, el bono tendrá una duración máxima de seis meses y operará como complemento indemnizatorio, con el propósito alegado de darle más herramientas al afectado para reinsertarse en el mercado laboral. Pero también podrá aplicarse el bono como complemento salarial para los trabajadores derivados a una «compañía dinámica», es decir en proceso de reconversión. Será, de ese modo, un ahorro para el nuevo empleador».
Para aplicar al nuevo programa se creará un comité, liderado por el Ministerio de Producción, a cargo de Francisco Cabrera, y con la participación de la cartera laboral y de la Agencia Nacional de Inversiones, entre otras áreas de Gobierno, que analizará cada proyecto y tendrá la responsabilidad de aprobarlos, con el destino de presupuesto para cada caso.
