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Ordenaron la liberación de Milagro Sala, pero seguirá con prisión domiciliaria por otra causa

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La Justicia de Jujuy ordenó liberar a Milagro Sala en una de las causas en las que es protagonista, pero continuará con prisión domiciliaria por otra de las investigaciones en su contra.

La decisión judicial también abarca a Gladis Díaz y Mirta Aizama y establece que deberán prestar “caución juratoria, fijar y mantener domicilio, y permanecer a disposición del Juzgado en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública y concurrir a todas las citaciones que se le formulen”.

Según confirmaron fuentes judiciales, Sala reclamó que le revocaran la prisión domiciliaria en la causa conocida como Fellner, en la que fue procesada por una agresión al entonces gobernador jujeño, pero seguirá con detención domiciliaria debido a su rol en la investigación conocida como “pibes villeros”. En ese expediente, Sala fue condenada por ser la jefa de una asociación ilícita que desviaba dinero proveniente del Estado para la construcción de viviendas.

En enero pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy había rechazado un pedido de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, y ratificó su condena a 13 años de prisión en el marco de la causa conocida como “Pibes villeros” por asociación ilícita.

Un día después de que se cumplieran cuatro años de su detención, la Justicia jujeña le dio un revés a la dirigente social. El Tribunal Superior confirmó su condena al rechazar un pedido de inconstitucionalidad sobre la pena que había presentado la defensa de Sala, que ahora tiene la opción de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el mismo fallo, la Justicia provincial no hizo lugar a un pedido de la Fiscalía sobre la inconstitucionalidad de la absolución del esposo de Sala, Raúl Noro, por lo que seguirá en libertad.

La causa conocida como “Pibes villeros” es la que tiene a Sala presa con domiciliaria en su casa del barrio Cuyaya. En ella se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita que cometió extorsión y fraude a la administración pública por la malversación de 29 millones de pesos en el programa “Mejor vivir 2”, por el que se recibieron fondos, pero no se concretaron las obras.

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