Acorralado por una causa federal por lavado de dinero y presuntos vínculos con el narco Fred Machado, José Luis Espert enfrenta un panorama judicial adverso. El bloqueo de sus cuentas bancarias desarma su defensa pública y expone contradicciones que profundizan la crisis tras su salida del escenario electoral.
Lágrimas de Espert: cuentas bloqueadas y un escenario judicial cada vez más complicado
El avance de la investigación judicial que involucra a José Luis Espert dejó al descubierto un giro inesperado en el discurso del exdiputado libertario. Esta semana, sus abogados presentaron un escrito “urgente” ante la Justicia Federal de San Isidro, alertando que las medidas cautelares sobre su patrimonio lo dejarían, según sus propias palabras, al borde de “morir de hambre”.
La presentación fue elevada ante el juez federal Lino Mirabelli, luego de que se ordenara una inmovilización de cuentas bancarias en el marco de una causa por lavado de activos, vinculada a transferencias sospechosas provenientes de empresas asociadas a Federico Andrés “Fred” Machado, investigado por presunto narcotráfico internacional.
Según detalló el abogado Alejandro Freeland, Espert intentó realizar una transferencia desde su cuenta en el Banco BBVA, pero la operación fue rechazada por una orden del Banco Central. El letrado afirmó que su defendido no puede “depositar, transferir ni extraer dinero”, situación que calificó como una condena anticipada.
El planteo contrasta con la figura pública que Espert supo construir durante años, marcada por declaraciones extremas como “cárcel o bala” para opositores políticos. Hoy, ese mismo dirigente denuncia una supuesta asfixia económica derivada de una medida judicial destinada, al menos en esta etapa, a preservar activos mientras avanza la investigación.
El expediente está a cargo del fiscal Fernando Domínguez, quien puso el foco en una transferencia de aproximadamente 200 mil dólares recibida por Espert en febrero de 2020. El dinero habría sido girado por una empresa vinculada a Machado como pago por una presunta asesoría a una minera de Guatemala, país que el exdiputado no habría visitado ni con cuya empresa reconoció vínculos concretos.
Entre las pruebas reunidas por la fiscalía figuran conversaciones de WhatsApp que muestran movimientos acelerados de abogados y contadores del entorno de Espert a partir de 2021, cuando Machado fue detenido con fines de extradición a Estados Unidos. Uno de los mensajes más comprometedores habría sido enviado por el contador Mariano Cosentino, en el que se menciona la necesidad de “limpiar” antecedentes y contratos vinculados a Espert.
Al solicitar la orden de no innovar sobre el patrimonio, el fiscal advirtió sobre el riesgo de maniobras destinadas a un desapoderamiento simulado de bienes, dada la complejidad del entramado investigado y la existencia de vínculos en el extranjero. El objetivo, señaló, es evitar que los activos se diluyan antes de un eventual decomiso o sanción económica.
Por ahora, la medida tendrá una vigencia inicial de 90 días, período en el que Espert deberá afrontar el proceso con sus fondos congelados. En silencio político y con un frente judicial cada vez más estrecho, el exdiputado observa cómo su relato público se desmorona mientras la causa avanza.
























