Mendoza vive una masiva movilización ciudadana contra los nuevos planes de megaminería

Una imponente movilización ambiental atraviesa las rutas de Mendoza mientras múltiples asambleas, agrupaciones sociales y espacios políticos impulsan la denominada “Gesta Libertadora por el Agua”, una caminata que supera los cien kilómetros y que volvió a poner en agenda el creciente rechazo a los proyectos de megaminería previstos para la provincia.

La marcha comenzó este lunes a primera hora en Uspallata, avanzó por la Ruta 7, continuó por la Ruta 82 y siguió su recorrido por Cacheuta y Blanco Encalada, con la meta de ingresar este martes a la Ciudad de Mendoza a través de Luján, el Cóndor y el Nuevo Vial. El objetivo es claro: llegar a las puertas del Senado provincial para exigir que no se aprueben las iniciativas que buscan habilitar múltiples emprendimientos extractivos.

La Legislatura mendocina celebra su última sesión del año y el oficialismo intentará la aprobación de cuatro proyectos vinculados directamente con la actividad minera. Entre ellos figura la Declaración de Impacto Ambiental del complejo PSJ Cobre Mendocino en Uspallata, el expediente del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II) —que reúne 27 propuestas mineras—, la creación del Fondo de Compensación Ambiental y la actualización del Régimen de Regalías Mineras. Estos expedientes ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados y su avance desató fuerte controversia.

El clima político se tensó aún más tras la reciente eliminación de la web oficial del CONICET de un comunicado técnico en el que distintos institutos señalaban deficiencias significativas en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino. Ese hecho motivó que trabajadores del organismo científico, junto con sectores universitarios, sumaran su voz de alarma y se manifestaran este martes contra el plan minero en general y contra PSJ en particular.

A medida que la columna avanza hacia la Legislatura, la consigna se repite entre quienes sostienen la protesta: proteger el recurso hídrico provincial y frenar iniciativas que, según denuncian, ponen en riesgo el agua, el ambiente y el equilibrio futuro del territorio mendocino.