Pedido de informes pone bajo la lupa los vínculos entre el Municipio de Colón y una asociación civil ligada a funcionarios

La iniciativa, impulsada por el concejal Marcelo Julián Montagna apunta a determinar si existieron convenios, subsidios, transferencias de fondos o cualquier otro tipo de relación formal entre el Estado municipal y la entidad, y si esos vínculos pudieron desarrollarse en un contexto de potencial conflicto de intereses.

Según se desprende del expediente ingresado el 19 de mayo último, la asociación civil se encuentra inscripta desde julio de 2021 ante ARCA con actividad vinculada a servicios de asociaciones y condición de IVA exento.

Sin embargo, el aspecto más delicado del planteo no está centrado únicamente en la existencia de la entidad, sino en la eventual participación de funcionarios municipales dentro de su estructura de conducción.

El pedido de informes menciona específicamente a Micaela Agustina De Simone, actual secretaria de Políticas Sociales —también denominada Secretaría de Desarrollo de la Comunidad—, consultando si simultáneamente ocupa u ocupó cargos de presidenta o apoderada de la asociación.

Desde el punto de vista jurídico-administrativo, una funcionaria con facultades para administrar programas sociales, ayudas alimentarias, asistencia a familias, discapacidad y niñez no puede quedar exenta del escrutinio público si, al mismo tiempo, mantiene vínculos con una entidad que podría recibir recursos, beneficios o intervenciones estatales provenientes de su propia área.

El documento plantea una serie de interrogantes que, de confirmarse determinados extremos, podrían exponer una situación institucionalmente compleja.

Entre ellos, Si existieron convenios o contratos entre el Municipio y la asociación;

Si se transfirieron fondos públicos desde 2022 hasta la actualidad; qué funcionarios autorizaron esos pagos; i hubo rendiciones de cuentas; qué controles internos se realizaron; si intervino la Asesoría Letrada Municipal; i el Concejo Deliberante tomó conocimiento o aprobó los instrumentos correspondientes.

El pedido también requiere que se informe si el concejal Matías Canepa tuvo participación en expedientes, sesiones, dictámenes o decisiones vinculadas a la entidad y si declaró formalmente algún vínculo con ella.

El expediente deja planteada una cuestión central que es la obligación de garantizar transparencia en el manejo de recursos públicos.

«Si una asociación civil recibe fondos municipales, subsidios o asistencia económica, el procedimiento debe estar respaldado por actos administrativos, expedientes, dictámenes y mecanismos de control que permitan conocer con precisión el destino de cada peso».

El expediente no formula acusaciones ni afirma irregularidades consumadas. Sin embargo, expone elementos que, desde la óptica del derecho administrativo, merecen una explicación clara y documentada.

La sola posibilidad de que funcionarios con capacidad de decisión sobre políticas sociales mantengan simultáneamente posiciones de conducción en organizaciones que operan dentro del mismo ámbito genera un escenario que exige extremar los recaudos legales y éticos.

La normativa sobre función pública no sólo busca evitar actos de corrupción consumados. También procura prevenir situaciones donde pueda verse comprometida la imparcialidad de las decisiones estatales.

El concejal Montagna otorgó al Departamento Ejecutivo un plazo de diez días hábiles para responder.

La documentación solicitada incluye convenios, expedientes, transferencias, dictámenes jurídicos, rendiciones de cuentas, estatutos, actas y toda comunicación oficial existente entre la Municipalidad y la asociación.

El debate ya no gira únicamente alrededor de una entidad civil sino además, en la transparencia de los mecanismos mediante los cuales se administran recursos públicos y la necesidad de que quienes ejercen funciones de gobierno puedan demostrar que sus decisiones estuvieron siempre libres de intereses cruzados.

La presentación de este expediente no ocurrió en un ámbito privado ni en un despacho cerrado. Fue ingresada formalmente en el Concejo Deliberante y expuesta en plena sesión legislativa, un espacio público donde habitualmente se debaten los asuntos de interés para toda la comunidad.

Sin embargo, hasta el momento, ningún medio periodístico de Colón ha profundizado sobre el tema ni ha difundido el contenido completo de un pedido que plantea interrogantes sobre posibles conflictos de intereses, transferencias de fondos públicos y eventuales vínculos entre funcionarios municipales y una asociación civil.