Senador Roberto Costa (Juntos por el cambio)
En el incierto camino que venimos recorriendo desde que se desató la pandemia en Argentina y en el mundo, el coronavirus vuelve a filtrarse en uno de los lugares más difíciles de controlar: las cárceles. En momentos en que la sociedad en su conjunto habla de encierro, los detenidos piensan en su libertad.
El 25 de marzo, cuando el Covid-19 comenzó a expandirse, la ONU comprendió que la situación de hacinamiento en las cárceles era un peligroso caldo de cultivo para la propagación del virus, y a través de Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos, pidió a todos los gobiernos la reducción del número de presidiarios detenidos “liberando por ejemplo a los reclusos de mayor edad o que no presenten peligrosidad”.
En ese marco, algunos de los países más afectados por la pandemia empezaron a tomar medidas como arrestos domiciliarios u otras morigeraciones o atenuantes de prisión. En Alemania, por citar un caso, en el Estado de Renania del Norte–Wetsfalia, liberaron a 1.000 prisioneros que estaban a muy poco de cumplir sus sentencias, excluyendo a condenados por delitos graves, abuso sexual o prisioneros violentos, previo un procedimiento de estricto control y estudio de casos. Otros países, como Canadá o Noruega, llevaron adelante medidas similares.
Otra vez el virus puso en el centro de la escena problemas que están presentes en todo el mundo y que hace décadas no se solucionan: la sobrepoblación y pésimas condiciones carcelarias es uno de ellos. Ante la encrucijada global por la liberación de reclusos, se debe actuar con mucha responsabilidad, pensando que en la calle también hay una sociedad a la cual proteger del flagelo de la inseguridad.
CÁRCELES DETONADAS
Como en todo el planeta, las cárceles argentinas vienen siendo centro de atención por una eventual ola de contagios y un peligro latente de liberaciones masivas que dinamiten la seguridad pública.
Prisiones sobrepobladas, motines, presos que ven la libertad al alcance de sus dedos y una sociedad acorralada, influyen negativamente en el estado de ánimo de los bonaerenses y argentinos, quienes además de pensar en sus problemas sanitarios y laborales, hoy miran con preocupación la lluvia de habeas corpus que se presentan en nuestra Justicia.
La provincia de Buenos Aires cuenta con un récord histórico de 47.000 detenidos en cárceles, con capacidad real de alojar a 24.000 reclusos. En momentos de pandemia, el hacinamiento movilizó a abogados y defensores oficiales a impulsar medidas para morigerar la prisión. La Cámara de Casación tomó el volante y en una cuestionada decisión resolvió la liberación de 2.300 presos.
En pocos días la medida hizo estruendo en diferentes barrios bonaerenses, pudiéndose encontrar víctimas de violación viviendo a metros de su victimario. Una medida irresponsable que muestra un camino absolutamente equivocado, dejando a la sociedad desprotegida en manos de los delincuentes. La olla a presión en las cárceles se agranda cuando muchos reclusos (hoy 1.800) se repliegan a extensas huelgas de hambre para pedir por su liberación.
¿Cuál es la profundidad real del conflicto? ¿A quiénes se les otorgará el arresto domiciliario? ¿Cómo se resguardará la integridad psicofísica de las víctimas? ¿Cómo será el reingreso de los reclusos? Estas son algunas preguntas que no solamente los senadores de Juntos por el Cambio nos hacemos, sino todos los bonaerenses y argentinos en su conjunto. Necesitamos una respuesta, una solución antes de que las cárceles exploten por los aires esfumando el esfuerzo de cuidarnos entre todos.
LIBERACIÓN RESPONSABLE
Un Estado de Derecho no puede sostenerse sin certeza en la aplicación y cumplimiento de la pena. Si bien los establecimientos penitenciarios distan de ser lo que deberían ser de acuerdo al art. 18 de la Constitución nacional y los tratados y convenciones internacionales, ello no es suficiente para modificar las condenas impuestas por los jueces de las causas en virtud de un supuesto estado de riesgo latente en las cárceles por el Covid-19.
Cada detenido a través de su defensor puede plantear la situación que le permita acceder a determinados beneficios legales. Se debe estudiar y otorgar las morigeraciones de la prisión con prudencia y responsabilidad, pues no queremos presos de alta peligrosidad libres. Homicidas, femicidas, violadores, abusadores, secuestradores y demás presos por delitos graves que accedan anticipada y livianamente a la libertad pondrían en riesgo no solo la integridad psicofísica de las víctimas sino también a la sociedad.
Las entendibles causales humanitarias y de salud que señalan los que propugnan medidas de prisión domiciliaria o símiles ante la situación de peligro sanitario que sufren los detenidos en razón de hacinamientos o estado riesgoso particular deben evaluarse atendiendo también el cuidado y la seguridad de la gente, y para ello hay que merituar la gravedad del delito por el cual se sufre la detención y con ello la peligrosidad de aquellos que pretenden dejar la unidad de detención. Es falsa la compasión que ignora el peligro e indefensión que se le adiciona al vecino de a pie.
Una liberación masiva, indiscriminada e irrazonable y sin un estudio particularizado de cada caso, representa una bomba de tiempo que haría detonar los derechos y garantías de las personas víctimas del delito reconocidos en la ley 27.372.
No olvidemos que los derechos humanos corresponden a todos los argentinos: sigamos cuidando con responsabilidad a quienes más nos necesitan en estos difíciles tiempos.
