El Gobierno mantiene diferencias por la ley de Malvinas y negocia cambios en el Consejo de Seguridad Nacional

El Gobierno mantiene abiertas las negociaciones para modificar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye disposiciones vinculadas con las Islas Malvinas y la creación de un nuevo Consejo de Seguridad Nacional impulsado por el presidente Javier Milei.

Las diferencias internas y la falta de consenso con los bloques aliados complican el avance parlamentario de la iniciativa. El oficialismo busca alcanzar un acuerdo para obtener dictamen el martes 20 de octubre, aunque todavía existen dudas sobre la posibilidad de llevar el proyecto al recinto durante la sesión prevista para el miércoles 21.

La Secretaría Legal y Técnica presentó nuevas propuestas de modificación, pero las conversaciones todavía no permitieron cerrar un acuerdo. Uno de los principales puntos de discusión es la estructura del Consejo de Seguridad Nacional y las atribuciones que tendría el Congreso para supervisar sus decisiones.

Cómo estará integrado el nuevo Consejo de Seguridad Nacional

El proyecto original establece que el organismo será presidido por Javier Milei y contará con la participación del jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.

Durante las negociaciones se evaluó incorporar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Sin embargo, esa alternativa encontró resistencias y, por el momento, quedó descartada.

También existen diferencias sobre la presencia permanente de la Secretaría Legal y Técnica dentro del organismo. Mientras algunos sectores consideran que su participación podría revisarse, otros defienden la estructura original y sostienen que el Consejo debe funcionar como una herramienta de coordinación del Poder Ejecutivo.

Las facultades del Congreso generan nuevos desacuerdos

Otro de los puntos centrales es el alcance de la comisión bicameral que se incorporaría para supervisar las actividades del Consejo de Seguridad Nacional.

La discusión se concentra en determinar si el Congreso tendrá funciones de seguimiento y control posterior o si también podrá autorizar determinadas decisiones antes de que sean ejecutadas.

Una comisión de seguimiento podría recibir información, solicitar explicaciones y revisar las actuaciones del Ejecutivo. En cambio, un mecanismo de autorización previa otorgaría al Poder Legislativo una intervención más directa en determinadas decisiones vinculadas con la seguridad nacional.

Por ahora, no existe una redacción consensuada sobre las atribuciones de esa comisión ni sobre las medidas que quedarían sujetas a su supervisión.

Las diferencias entre los sectores del oficialismo

Las negociaciones también reflejan distintas posiciones dentro del Gobierno. Martín Menem mantiene conversaciones con los bloques aliados para reunir los votos necesarios, mientras que sectores cercanos a Santiago Caputo defienden la estructura institucional del proyecto y rechazan cambios que puedan modificar las atribuciones del Poder Ejecutivo.

La intención oficial es reducir las diferencias antes de que la iniciativa vuelva a discutirse en comisión y evitar que los desacuerdos terminen demorando su tratamiento.

Qué establece el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional

La iniciativa fue enviada al Congreso el 17 de septiembre y contiene 133 artículos organizados en ocho títulos.

El primero establece un régimen de sanciones contra la explotación de recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos. Los demás capítulos incorporan modificaciones relacionadas con la seguridad nacional, la defensa, la inteligencia, la protección de infraestructura crítica y la legislación penal.

La amplitud del proyecto es uno de los factores que complican las negociaciones, ya que los distintos bloques mantienen objeciones sobre aspectos específicos de la propuesta.

La ausencia del Ministerio de Seguridad Nacional abre otro debate

Uno de los cuestionamientos de los bloques dialoguistas es que el Ministerio de Seguridad Nacional no figura entre los integrantes permanentes del Consejo.

El PRO y otros sectores reclamaron su incorporación para delimitar las competencias de las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales, especialmente en la protección de instalaciones estratégicas.

Desde sectores cercanos a Santiago Caputo sostienen que la iniciativa no busca modificar el régimen de seguridad interior y que deben mantenerse diferenciadas las funciones militares y policiales.

Los aliados, por su parte, advierten sobre posibles superposiciones en las responsabilidades vinculadas con la protección de infraestructuras críticas.

Cuestionamientos por las penas previstas para la injerencia extranjera

Otro apartado que genera objeciones es el artículo 111, que establece penas de cinco a doce años de prisión para determinadas conductas de injerencia extranjera, incluidas campañas coordinadas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales.

El PRO, la UCR y otros bloques reclamaron precisar el alcance de la redacción para resguardar la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y la actividad académica.

El oficialismo aceptó revisar el texto, aunque todavía no consiguió una versión que reúna el respaldo de todos los espacios involucrados en la negociación.

La protección de infraestructuras críticas también está en discusión

El proyecto contempla medidas para proteger infraestructuras consideradas estratégicas y establece facultades de intervención ante determinadas amenazas aéreas y marítimas.

Los bloques aliados solicitaron criterios más precisos para identificar esas instalaciones, delimitar las atribuciones del Estado y establecer mecanismos de intervención legislativa ante ciertas operaciones militares.

Las conversaciones también incluyen la definición de la autoridad de aplicación y el alcance de las medidas administrativas previstas en la iniciativa.

Cuándo podría avanzar el proyecto en el Congreso

Las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal tienen previsto volver a reunirse el martes 20 de octubre, después de que el oficialismo no lograra firmar dictamen en el plenario del miércoles 14.

En la conducción parlamentaria consideran que será difícil llevar el expediente a la sesión del miércoles 21 si las diferencias no se resuelven durante las próximas horas.

Mientras tanto, Unión por la Patria y otros bloques propusieron separar las sanciones relacionadas con Malvinas de los cambios institucionales en seguridad nacional, defensa e inteligencia.

El Poder Ejecutivo rechaza esa alternativa y pretende mantener el tratamiento unificado, al considerar que las distintas disposiciones forman parte de una estrategia integral para proteger los intereses soberanos argentinos.

El proyecto también se enmarca en la agenda estratégica que Milei busca profundizar con Estados Unidos. Sin embargo, las negociaciones continúan abiertas y todavía no hay un acuerdo definitivo sobre la composición del Consejo, las facultades de control parlamentario ni el alcance de las modificaciones que se incorporarán al texto.