Con el antecedente de Pergamino, donde un juez suspendió la fumigación en cuatro campos aledaños a tres barrios donde se halló la presencia de agrotóxicos en el agua, varios municipios comenzaron a analizar medidas para evaluar el impacto de los fitosanitarios a nivel local.
El caso de Pergamino volvió a poner en agenda una temática que preocupa en el interior provincial. Vecinos, concejales y funcionarios iniciaron distintas acciones para conocer el estado de situación en sus distritos, donde según aseguran, las ordenanzas que regulan la aplicación de agroquímicos tienen cumplimiento parcial.
El primero en mandar a analizar la calidad del agua fue el municipio de Rojas, donde los resultados arrojados por el estudio determinaron que no hay presencia de agroquímicos y que es apta para el consumo humano.
En Lincoln, el Concejo Deliberante aprobó en los últimos días un proyecto presentado por el bloque del Partido Justicialista-FPV para que el Ejecutivo municipal analice la calidad del agua de los pozos de las escuelas rurales del distrito. En ese municipio el año pasado se votó una nueva ordenanza de regulación de agroquímicos, pero los tres puntos principales que establecían las distancias de aplicación de los agroquímicos, fueron vetados.
Del mismo modo, en Chivilcoy se aprobó un proyecto de resolución del bloque PJ Cumplir, en el que se solicita realizar un análisis físico-químico para determinar la presencia de glifosato en las napas cercanas a los establecimientos rurales del partido, que suelen ser fumigadas.
Bragado también avanza una iniciativa similar. La edil Laura Pico, del bloque UCR-Cambiemos, ingresó un proyecto al Concejo Deliberante, donde se solicita que el municipio realice los estudios correspondientes para determinar si el agua que consumen los bragadenses es apta.
La concejal aseguró que la ordenanza de aplicación de agroquímicos no se cumple en ese municipio, así como tampoco la de acopio de bidones de productos, que instruye cómo debe ser el tratamiento de esos envases: «Eso hace que por la misma lluvia, esos productos puedan ser incorporados a las napas y sobre eso no hay un control», indicó.
En ese sentido, en Coronel Dorrego, un grupo de vecinos inició una campaña para juntar firmas para pedir al Concejo Deliberante una ordenanza que regule la aplicación y acopio de agroquímicos.
«Somos uno de los pocos partidos de la provincia de Buenos Aires que no tiene ninguna ordenanza ni respeta límites mínimos para la aplicación ni disposición de envases vacíos (que muchas veces terminan en algún basural a cielo abierto). Entendemos que las autoridades deben tomar medidas urgentes en este asunto ya que hay riesgo a la salud y el medioambiente de los vecinos del partido», destacan los organizadores de la campaña.
Advertencia
Asimismo, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) detectó que los arroyos del cinturón hortícola de la periferia de la capital provincial están contaminados con altas concentraciones de agroquímicos, por lo que los especialistas pidieron que cese su uso en estos humedales que son reservorios de agua que atenúan el impacto de la agricultura, depuran el agua y moderan los regímenes hidrológicos y las inundaciones.
Cabe recordar que en diciembre pasado, el Gobierno bonaerense había establecido una serie de pautas para el uso de agroquímicos en la provincia, pero la resolución cosechó diversos cuestionamientos, sobre todo porque no establecía distancias concretas de aplicación, por lo que finalmente su vigencia fue suspendida por un año.
Si bien la resolución no era obligatoria, invitaba a los distritos a adherirse ante la inexistencia de una ley que regule el uso de los agroquímicos en toda la provincia, y cuando al menos unos 70 distritos cuentan con ordenanzas que establecen diferentes criterios al respecto. Pero la falta de distancias de aplicación establecidas despertó las críticas, debido a que algunas normativas locales son consideradas «más exigentes» que la que planteaba la Provincia.
