La receta electrónica será obligatoria en todo el país a partir de julio

El Ministerio de Salud anuncia la implementación de la receta digital para mejorar el acceso a los medicamentos y crear un registro federal de profesionales de la salud

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A partir del 1 de julio, todas las farmacias en Argentina estarán obligadas a utilizar la receta electrónica para la prescripción de medicamentos y tratamientos. Esta medida, establecida mediante el decreto 345/2024 publicado en el Boletín Oficial, busca facilitar el acceso a los medicamentos de manera más eficiente y segura, según explicó el Ministerio de Salud.

El presidente Javier Milei, junto al ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Russo, firmaron el decreto que reglamenta las modificaciones contempladas en el DNU 70/2023. Esta iniciativa tiene como objetivo principal garantizar que las recetas electrónicas sean el único medio para la prescripción de medicamentos en todo el territorio nacional.

Se destaca que las recetas electrónicas utilizadas actualmente seguirán siendo válidas siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos, ya que serán integradas al nuevo sistema digital a nivel nacional.

El Gobierno detalló que la implementación de la receta electrónica se apoya en cuatro ejes esenciales: la identificación de profesionales habilitados para prescribir a través de la Red Federal de Registro de Profesionales de la Salud (REFEPS), la creación de un Registro Nacional de Soluciones Informáticas, la elaboración de un Diccionario Nacional de Medicamentos como base de referencia y el establecimiento de un sistema eficiente de comunicación y acceso a las recetas electrónicas emitidas.

Las farmacias serán responsables de la venta y dispensación de los medicamentos, bajo la supervisión de los farmacéuticos encargados. Sin embargo, el decreto contempla la posibilidad de que los medicamentos sean entregados al paciente en el lugar que este designe.

Además, las farmacias estarán obligadas a archivar y conservar las recetas digitales durante un período de tres años. Esta medida tiene como objetivo aumentar la competitividad del mercado, agilizar la industria y minimizar costos, según explicó el Gobierno.

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