Ley de Tierras: qué podría cambiar en el campo argentino si se amplía el acceso de compradores extranjeros

La posibilidad de que el Gobierno impulse cambios en la Ley de Tierras reabrió el debate sobre el futuro del mercado inmobiliario rural argentino y el rol que podrían tener los inversores extranjeros en caso de flexibilizarse las restricciones actuales para la compra de campos.

Aunque el Poder Ejecutivo anunció meses atrás su intención de enviar un proyecto al Congreso para modificar la normativa, la situación legal permanece sin cambios. La Ley 26.737 continúa vigente debido a una medida cautelar, pese a que el DNU 70/2023 había dispuesto su derogación.

En este escenario, desde el sector inmobiliario rural consideran que una eventual apertura permitiría incorporar nuevos compradores a un mercado donde las operaciones de gran escala suelen contar con una cantidad limitada de interesados.

Miguel Conte, CEO de Conte Bienes Raíces, explicó que una mayor participación de capitales internacionales podría mejorar la dinámica comercial, aunque advirtió que eso no significa que el precio de todos los campos aumente de manera automática.

Según el especialista, la evolución del mercado dependerá de múltiples factores, entre ellos la ubicación del establecimiento, su potencial productivo, la infraestructura disponible y las condiciones económicas y jurídicas que ofrezca el país para desarrollar inversiones de largo plazo.

Más liquidez, pero sin garantías de subas generalizadas

Uno de los principales cambios que podría producirse sería una mayor liquidez del mercado, es decir, que determinadas propiedades encuentren compradores con mayor facilidad y puedan concretar operaciones en plazos más cortos.

Este efecto podría observarse principalmente en establecimientos de gran superficie o en aquellos destinados a proyectos productivos específicos, donde la demanda local suele ser más reducida.

No obstante, los analistas coinciden en que una mayor cantidad de interesados no implica necesariamente una valorización uniforme de todas las tierras rurales. Cada operación seguirá dependiendo de las características particulares de cada campo y de la rentabilidad esperada por el inversor.

Competencia regional por las inversiones

Los especialistas recuerdan que quienes analizan invertir en tierras rurales comparan las oportunidades disponibles en distintos países de la región.

En ese sentido, Argentina, Uruguay y Paraguay suelen competir por los mismos capitales, que evalúan aspectos como la estabilidad económica, la seguridad jurídica, la infraestructura, la disponibilidad de grandes superficies y las perspectivas de rentabilidad.

Mientras Uruguay mantiene desde hace años un mercado abierto y consolidado para inversores internacionales, Argentina continúa ofreciendo un importante potencial productivo, aunque con restricciones legales que limitan determinadas operaciones.

Un mercado que exigiría mayor profesionalización

Una eventual ampliación del acceso para compradores extranjeros también elevaría las exigencias en cada operación inmobiliaria.

La documentación legal de los establecimientos, la información productiva, la situación impositiva, la trazabilidad de los antecedentes y la calidad de los datos técnicos pasarían a tener un papel aún más relevante para inversores que comparan oportunidades en distintos mercados.

Desde el sector consideran que, si finalmente prospera una reforma de la Ley de Tierras, el impacto no será inmediato ni homogéneo, pero sí podría abrir una nueva etapa para el mercado rural argentino, con mayores posibilidades de inversión y un crecimiento gradual de la demanda sobre determinados activos.