«La única posibilidad de integrar el mundo de la educación formal, o la formación profesional o la preparación de las personas que no pudieron tener acceso a la educación ni a la formación, con el mundo real del trabajo es la presencia con un marco formativo de estas personas en el mundo del trabajo», detalló Ponte en declaraciones radiales. El Secretario reconoció este domingo que las pasantías cobraron mala fama en la década del ’90 a la par de la legislación flexibilizadora del gobierno de Carlos Menem, pero matizó: «No vamos a matar a todos los perros porque uno esté rabioso».
Luego del entusiasmo que causó en el Gobierno el plan de exteriorización fiscal, el funcionario consideró el proyecto de blanqueo laboral «un tema prioritario» al destacar que al menos el 38% de la fuerza laboral argentina se encuentra en la informalidad. «El trabajo no registrado en este país es un drama y para el Gobierno es un tema prioritario», añadió.
Entre las opciones para llevar adelante ese blanqueo dijo que figura el modelo que se aplicó en la gestión anterior para formalizar el personal doméstico, que de ese modo pasó de un 5 a un 35% formalizado. Explicó: «Estamos viendo poblaciones masivas que no están registradas. El 50% del empleo informal está en empresas de menos de cinco personas».
Ponte, en tanto, le restó dramatismo a la ola de despidos que se produjo en el Estado a principios de 2016 y que en algunas áreas (como Educación) volvió a fines de año, al igual que en sectores de la actividad privada como la industria. «La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia de ese mundo. Como en el organismo lo es comer y descomer», comparó.
Los dichos de Ponte, ex hombre fuerte del grupo Techint a nivel global, volvieron a encender alarmas dentro de la CGT: Héctor Daer, miembro del triunvirato de conducción, avisó que la central obrera «no va a resignar derechos», frente a la posibilidad de que el Gobierno impulse cambios en la legislación laboral y en los Convenios Colectivos de Trabajo. Días antes su colega en el triunvirato, Juan Carlos Schmid, había avisado que crecía el malestar en la central obrera por los despidos en la industria, violatorios de un acuerdo marco firmado por el Ejecutivo y las grandes cámaras patronales.
