No asistir a votar puede traer consecuencias más graves de lo que muchos creen. La Ley Electoral Nacional establece multas económicas, la inclusión en el Registro de Infractores y la prohibición de realizar trámites oficiales por un año para quienes no justifiquen su ausencia.
Qué pasa si no vas a votar y cuánto puede costarte la multa
El próximo domingo 26 de octubre, en Argentina se realizarán las elecciones legislativas nacionales, donde se renovarán bancas en la Cámara de Diputados y en el Senado. Como ocurre en cada comicio, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años, y no cumplir con esta obligación puede tener consecuencias legales y económicas.
De acuerdo con el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), el artículo 125 establece que “se impondrá una multa de entre $50 y $500 al elector que no emita su voto y no justifique su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días posteriores a la elección”.
No obstante, en algunas jurisdicciones —como ocurre en ciertos distritos de la provincia de Buenos Aires— las sanciones se actualizan mediante un sistema de unidades fijas, lo que puede elevar considerablemente las multas. Según información de A24.com, en casos donde se presente una justificación falsa o se tramite una constancia de no voto sin causa legítima, el monto puede alcanzar hasta $77.000.

Más allá del aspecto económico, existen otras consecuencias importantes. Quienes no voten y no justifiquen su ausencia serán incorporados al Registro de Infractores al deber de votar, un listado oficial que puede generar restricciones durante un año para realizar gestiones ante organismos nacionales, provinciales o municipales.
Esto significa que no podrán concretar trámites como la renovación del DNI, la obtención del pasaporte, la inscripción a programas sociales ni ciertas gestiones jubilatorias, hasta regularizar su situación.
En definitiva, no votar sin causa justificada puede derivar en multas elevadas, restricciones administrativas y la inclusión en un registro público de infractores. La participación electoral, además de un derecho, es una obligación ciudadana respaldada por ley.


























